DECLARACIÓN PÚBLICA
Como Federación Frente de Trabajadores y Trabajadoras de Hacienda (FTH), queremos referirnos al reciente Informe Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 9 de 2025, emitido por la Contraloría General de la República, que da cuenta de 35.585 licencias médicas en las que se habrían registrado salidas del país durante el período de reposo por parte de sus beneficiarios, lo que representa un universo de 25.078 funcionarios públicos o trabajadores de entidades privadas financiadas con fondos públicos del Estado.
Rechazamos categóricamente cualquier uso indebido de licencias médicas, más aún cuando estas se financian con recursos públicos y están destinadas a proteger y permitir la debida recuperación de la salud de las y los trabajadores. Respaldamos que se inicien los procedimientos correspondientes de fiscalización, sumarios administrativos y sanciones, tanto para las y los funcionarios como para quienes hayan extendido licencias de forma irregular, pues ello atenta contra la vocación de servicio público y la probidad a observar como elemento esencial por cada funcionario o funcionario público.
Sin embargo, creemos que es fundamental poner los datos en contexto: según el propio informe, en el periodo 2023-2024 se registraron más de 5,1 millones de licencias médicas a trabajadores del Estado y entidades financiadas con fondos públicos. Las licencias observadas representan, por tanto, menos del 0,7% del total. Es decir, más del 99% de las licencias fueron otorgadas y utilizadas de manera correcta y legítima, reflejando la realidad de miles de trabajadores y trabajadores que, con compromiso y probidad, cumplen su labor al servicio del país, muchas veces en condiciones complejas y con alta carga laboral.
Nos preocupa profundamente que, a partir de estos antecedentes, se promueva una deslegitimación generalizada del empleo público. Las malas prácticas deben corregirse, pero no pueden ser utilizadas para instalar discursos que buscan desacreditar o debilitar al Estado y a quienes trabajan día a día por entregar los servicios que demanda y requiere la ciudadanía.
Reafirmamos que la fe pública se protege con transparencia, fiscalización y justicia, no con estigmatización ni generalizaciones que solo dañan la confianza en las instituciones. Hacemos un llamado a todos los sectores a actuar con responsabilidad, sin instrumentalizar políticamente esta situación, y a fortalecer los mecanismos de control, sin olvidar que detrás de cada funcionaria y funcionario hay una persona, una familia y una vocación de servicio.
Seguiremos colaborando activamente con las autoridades para el fortalecimiento de una función pública ética, profesional y comprometida con las personas.