La Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Contraloría General de la República (ANEC), expresa su profunda preocupación frente a las medidas contenidas en el OF. Circular N° 12 del Ministerio de Hacienda, que instruye la implementación de un ajuste fiscal de carácter permanente para los servicios públicos afectos a la Ley de Presupuestos 2026, dentro de los cuales se encuentra nuestra institución. Dicho instructivo contempla, entre otras medidas, una rebaja transversal de 3,0% del gasto bruto, una rebaja adicional focalizada y lineamientos que incluyen revisión de dotaciones, ausentismo, distribución de personal, suspensión de concursos no finalizados, no renovación de cupos por retiro y restricción de reemplazos, entre otros.
Como organización sindical, advertimos que la aplicación de estas medidas puede tener consecuencias directas sobre la vida laboral de las y los funcionarios, el funcionamiento institucional y, especialmente, la capacidad fiscalizadora de la Contraloría. En ese contexto, resulta particularmente alarmante que la disminución solo en el subtítulo 21 equivale aproximadamente a la remuneración anual de 80 fiscalizadores de grado base, lo que da cuenta de la magnitud del impacto que podría recaer sobre la dotación y sobre una función esencial para el resguardo de la probidad, el control y la correcta administración de los recursos públicos.
ANEC considera necesario que el proceso de implementación de este ajuste incorpore a nuestra organización en las instancias de diálogo y toma de decisiones.
Lo anterior es fundamental para:
• Defender las condiciones laborales y el debido proceso de las y los funcionarios;
• Disminuir impactos negativos sobre el personal;
• Asegurar corresponsabilidad y diálogo social en un proceso de alta sensibilidad institucional.
La Contraloría General de la República cumple un rol insustituible en el control de la legalidad, la fiscalización del uso de los recursos públicos y el fortalecimiento de la confianza ciudadana en el Estado. Por ello, cualquier ajuste que afecte sus capacidades humanas y técnicas no solo impacta a sus trabajadores y trabajadoras, sino también al conjunto del sistema público.
Como ANEC, reiteramos que la responsabilidad fiscal no puede traducirse en precarización laboral, debilitamiento institucional ni afectación de la función fiscalizadora. Por el contrario, este proceso debe abordarse con responsabilidad, transparencia y respeto absoluto a los derechos de las y los funcionarios.
Finalmente, hacemos un llamado a las autoridades de gobierno a generar instancias formales de trabajo con las organizaciones de trabajadores, que permitan abordar con seriedad, profundidad y sentido institucional los efectos de estas medidas, poniendo en el centro la defensa del empleo público, la dignidad laboral y el rol estratégico de la función pública en el país.