Este 7 de octubre se dio cuenta en la Cámara de Diputadas y Diputados de la moción parlamentaria Boletín N° 18.728-06. La iniciativa modifica la Ley N° 10.336, Orgánica de la Contraloría General de la República, en materia de régimen funcionario.
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La moción fue presentada por la diputada Joanna Pérez Olea y patrocinada por los diputados y diputadas Álvaro Ortiz, Patricio Briones, Carolina Tello, Ana María Gazmuri y Patricio Pinilla. Se encuentra en primer trámite constitucional en la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización.
¿Qué propone?
Actualmente, todo el personal de la Contraloría está sujeto a un régimen de exclusiva confianza. Este régimen permite su remoción sin causal objetiva, sin procedimiento previo y sin posibilidad de impugnación. La norma que lo establece data de 1980, dictada por decreto ley, y no ha sido revisada desde entonces.
La iniciativa propone que este régimen deje de aplicarse a las plantas administrativa, técnica, auxiliar y de mayordomos, sin importar su calidad jurídica. La exclusiva confianza se mantendría para quienes participan en funciones de fiscalización, control de legalidad y elaboración de dictámenes.
Según el texto, quienes ya se desempeñan en estas plantas se incorporarían de pleno derecho al nuevo régimen, sin necesidad de un nuevo nombramiento. El Contralor/a tendría un plazo de 180 días para adecuar los reglamentos y escalafones internos.
Fundamentos
La moción sostiene que aplicar la remoción discrecional a labores de apoyo es desproporcionado. Según el texto, esto contradice el mandato constitucional de carrera funcionaria y debilita la probidad. La iniciativa también destaca que órganos autónomos como el Banco Central, el Ministerio Público y el Servicio Electoral ya limitan la confianza a sus cargos de mayor responsabilidad.